Determinan penas para responsables de privación de la libertad

 

07-02-2022

 

Neuquén - En una audiencia de determinación de la pena realizada el viernes pasado, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra, solicitaron que Andrés Villar y María Cristina Villar, responsables por haber mantenido de rehén a un defensor oficial en la ciudad de Zapala, sean condenados a una pena privativa de la libertad.

 

El 26 de noviembre de 2021, ambos imputados fueron declarados responsables por el delito de privación ilegítima de la libertad en grado de coautores (artículos 142 bis primer párrafo y 45 del Código Penal).

 

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado sea condenado a 8 años y 6 meses de prisión y la imputada a 8 años, ambos de cumplimiento efectivo.

 

Tras escuchar a los testigos, y luego de los planteos de la acusación y la defensa, el tribunal integrado por una jueza y dos jueces impuso por unanimidad una pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para Andrés Villar y 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para María Cristina Villar.

 

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2021, en la ciudad de Zapala. Ese día, alrededor de las 8.50 de la mañana, Andrés Villar y su hermana, María Cristina Villar, ingresaron a la sede de la defensoría oficial de la ciudad de Zapala. Allí retuvieron ilegítimamente al defensor público Pablo Méndez durante once horas y diez minutos, con el objetivo de obligarlo a hacer una petición ante el Ministerio Público Fiscal para que se efectuara una nueva cámara gesell en un caso en el que el hombre había sido declarado penalmente responsable.

 

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo, quien intervino en el juicio, aseguró que ambos imputados planificaron su accionar y se repartieron tareas, utilizando un machete, una navaja, un palo y una cadena con candados. Intimidaron al defensor público y lo ataron a una silla para obligarlo a redactar un petitorio con diversos puntos.

 

El hecho concluyó luego de que se firmara un acta con doce puntos que llevó la firma del fiscal general José Gerez y del defensor general Raúl Caferra.