"Año del Centenario del Nacimiento del Gobernador Felipe Sapag"

Sábado 18 de Noviembre del 2017

Programa de Mediación Penal para la Provincia del Neuquén

Artículo 1. Créase en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén el Programa de Mediación Penal, con el objeto de poner en práctica el principio rector establecido en el artículo 64 de la Ley 2.302 y en el artículo 17 de la Ley 2.784, mediante el cual se establece que tanto jueces como fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido como consecuencia del hecho típico, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social, utilizando la pena como último recurso.

Artículo 2. El Programa de Mediación Penal estará a cargo de un/a Director/a, y dependerá orgánicamente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 3. Se podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, cuando exista conciliación entre las partes; o cuando se haya realizado una mediación penal exitosa que haya logrado poner fin al conflicto primario, siempre que no exista un interés público prevalente, o se repare el daño en la medida de lo posible.

No podrán someterse a mediación las causas originadas por delitos dolosos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, o cuando haya mediado violencia doméstica o de género.

Artículo 4. La mediación penal es un método no adversarial, dirigido por un mediador, que tiene por objeto promover la comunicación en procura de una conciliación entre las partes tendiente a lograr solución del conflicto primario surgido como consecuencia del hecho típico.

Artículo 5. La mediación penal será voluntaria, gratuita y multidisciplinaria.

Artículo 6. El proceso de mediación penal garantizará los principios de neutralidad, imparcialidad, igualdad, voluntariedad, confidencialidad, inmediatez, celeridad y economía procesal. Se regirá por las reglas establecidas en la reglamentación respectiva.

Artículo 7. El proceso será siempre dirigido por un mediador, el cual deberá cumplir los requisitos que establezca la reglamentación para la cobertura del cargo.

Artículo 8. Hasta la entrada en vigencia de la Ley 2784, las causas penales podrán ser remitidas a mediación por los jueces a cargo de la instrucción o a pedido del fiscal interviniente en su carácter de titular de la acción penal pública. La remisión podrá realizarse en cualquier estado del proceso, pero siempre antes del requerimiento de elevación a juicio.

También, la víctima o el imputado podrán pedir que el caso sea derivado a mediación.

La decisión final sobre la derivación al Programa de Mediación será del fiscal del caso y su negativa será recurrible en consulta ante el Fiscal de Cámara. La decisión de este último será irrecurrible.

El Fiscal no será parte en el proceso de mediación. Tampoco lo será el Defensor del imputado.

El tiempo durante el cual la causa se encuentre en el Programa suspende todos los plazos procesales y legales.

Artículo 9. Las audiencias tendrán carácter reservado, debiendo todos los participantes guardar estricto secreto de todo aquello que se tome conocimiento. A tal efecto se suscribirá el respectivo convenio de confidencialidad.

Artículo 10. Una vez agotado el proceso de mediación se labrará un acta suscripta por las partes, en la que se consignará el resultado del mismo.

Artículo 11. En caso que las partes hayan arribado a un acuerdo éste se hará constar en el acta de un modo neutral y sin que implique reconocimiento o revele la asunción de responsabilidades por parte de los intervinientes.

Queda a cargo del Programa verificar el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo, en la forma que lo establezca la respectiva reglamentación e informarlo al Fiscal o al Juez de la causa.

En base al informe final remitido por el Programa se adoptará la solución que legalmente corresponda dar al caso.

Artículo 12. El Programa de Mediación Penal comenzará a funcionar dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín Oficial. En ese lapso el Poder Judicial deberá llamar a concurso para cubrir los cargos necesarios para su implementación y dictar los reglamentos pertinentes para su funcionamiento. 

 


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